Las personas con menores niveles educativos (educación secundaria de primera etapa o inferior) tienen 2,5 más probabilidades de estar en situación de pobreza que las personas con estudios superiore. No obstante, esta función estaría comenzando a presentar importantes signos de deterioro. Sirva de ejemplo que el 13,7% de las personas que se encontraban en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en 2019, contaban con estudios universitarios; un porcentaje que en el caso de quienes habían completado estudios secundarios correspondientes al segundo ciclo ascendía al 23,7%173.
Frente a ello, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión en el año 2008 se situaba en el 9,8%, en el caso de las personas con educación superior, y en el 18,9% para aquellas personas que habían completado estudios secundarios de segundo ciclo.
Uno de los retos principales de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada por las Cortes el pasado 23 de diciembre de 2020, es precisamente reducir las tasas de abandono escolar temprano en línea con los países europeos avanzados, entre otros retos existentes como la disminución de la segregación escolar o la mejora del nivel competencial del alumnado, compensando las desventajas en origen y recuperando la equidad perdida durante los años de la crisis.
La nueva Ley de Educación se orienta, además, a la modernización de la profesión docente para liderar la innovación curricular y didáctica; a promover el aumento de las vocaciones STEAM, particularmente entre las chicas; y a garantizar un suelo de inversión en educación y becas al margen de alternancias políticas y coyunturas económicas.
Además, la LOMLOE configura la Agenda 2030 como la base para la definición del nuevo currículo educativo, con una educación que va más allá de la sostenibilidad y se introduce de manera nuclear en toda la definición del currículo. A través de su desarrollo, la nueva Ley de Educación se fija como objetivo la mejora de la extensión de la educación infantil 0-3 años y su marco curricular, a través de la elaboración de un plan de ocho años para su implantación progresiva, de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad, que garantice su carácter educativo, y que priorice el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.
La educación infantil tiene un efecto especialmente positivo en el desempeño educativo futuro de los niños y las niñas más vulnerables, pero también en su salud física y emocional y en el desarrollo de sus capacidades, lo que la convierte en una herramienta poderosa para luchar contra la pobreza y a favor de la equidad.
Además, la universalización de esta primera etapa educativa contribuye a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, aligerando la sobrecarga de la tarea de los cuidados que recae fundamentalmente en las mujeres y favoreciendo su acceso en igualdad de condiciones a la carrera profesional, lo que a su vez tendrá efectos en la reducción de la brecha de género.
En España, si bien se registra un aumento constante en los últimos 15 años de la cobertura en la etapa de la educación infantil, la tasa de escolaridad en la población de menos de tres años sigue siendo baja, y especialmente en el primer ciclo de educación infantil, es decir, en edades más tempranas donde se registran, además, menores avances. Así, en el curso 2018/2019 la tasa de escolaridad 0-2 años era del 39,6% en promedio, mientras que bajaba al 12,4% en el primer año de edad. Es decir, casi 9 niños sobre 10 no acuden a un centro de educación infantil en su primer año de vida.
Además, solo la mitad de estos niños y niñas acuden a centros públicos (51,2%), proporción que se ha quedado prácticamente estable en los últimos 5 años. Las cifras oscilan de manera muy llamativa en los distintos territorios, pasando de una tasa de escolarización en el primer ciclo de educación infantil de apenas el 15% en Ceuta a una superior al 55% en País Vasco.
Lo mismo sucede con el porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos de primer ciclo de educación infantil, siendo el 89% en Extremadura o casi el 88% en Asturias, frente a menos del 40% en Andalucía. Pero lo más llamativo es que estas tasas de escolarización oscilan fuertemente en función de la renta de las familias a las que pertenezcan los niños, lo que supone una falta de equidad que afecta a la igualdad de oportunidades.
Así, según datos de la ECV del año 2016, el 62,5% de los niños y niñas menores de 3 años de familias cuya renta se sitúa en el quintil superior estaban escolarizados, frente a solo el 26,3% en el caso de las familias en el quintil de menor renta . Es por ello que la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, ha establecido mecanismos para promover que las plazas comprometidas para este primer ciclo de la educación infantil sean públicas, por ser las de esta titularidad las que posibilitan un acceso equitativo para el conjunto de la población, independientemente de la renta de la familia.
Un segundo reto relevante vinculado con el ámbito educativo es la transformación y fortalecimiento de la Formación Profesional a través del diseño de una oferta formativa ágil, moderna, competitiva, que dé respuesta a las demandas del actual modelo productivo y su transición hacia la sostenibilidad, a través de un nuevo marco legal que aglutine, asimismo, la formación de estudiantes y personas trabajadoras.
Este nuevo texto normativo estará sustentado en el I Plan Estratégico de Formación Profesional del sistema educativo 2019-2022.
El tercero de los ámbitos hace referencia a las experiencias y lecciones aprendidas como consecuencia de las actuaciones ligadas a la gestión de la COVID-19. La transformación educativa vivida tras el estallido de la pandemia ha supuesto pasar de una educación presencial y analógica a una educación digital y no presencial de manera inminente, con el objetivo claro de preservar el derecho a la educación.
Las desigualdades sociales y económicas se han visto reflejadas en el acceso y uso de las tecnologías para el aprendizaje. La brecha digital no puede convertirse en una nueva desigualdad educativa. Por ello, se debe seguir reforzando las actuaciones ligadas a la digitalización, el refuerzo del acceso a una conectividad adecuada y asequible los programas de orientación, refuerzo y apoyo educativo, así como la mejora de las metodologías educativas que permitan que los alumnos sigan avanzando en su proceso educativo.
La gestión educativa de la pandemia configura un nuevo modelo educativo donde la presencialidad de los alumnos en las escuelas es irrenunciable; la colaboración entre las Administraciones se convierte en imprescindible; la digitalización de la educación en acuciante; la transformación de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación necesaria y, el fortalecimiento del presupuesto educativo en una constante para no dejar a nadie atrás.
En definitiva, una sociedad más formada es una sociedad más libre, dinámica, crítica y cohesionada.
Uno de los desafíos cruciales que tiene nuestro país estriba en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, que garantice la igualdad de oportunidades también en el acceso a la educación universitaria, indistintamente de la condición social y económica, de género o nacionalidad.
Además, articula otras actuaciones dirigidas a la modernización de la profesión docente para liderar la innovación curricular y didáctica, a promover el aumento de las vocaciones STEAM -particularmente entre las niñas y las adolescentes-, y a garantizar un suelo de inversión en educación y becas al margen de alternancias políticas y coyunturas económicas.
Otro de sus objetivos es la transformación digital de la educación en España dotando a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad para que puedan ser puestos a disposición de los y las estudiantes que no dispongan de este equipamiento, con el objeto de garantizar un pleno acceso a la educación a través de medios digitales, tanto en el hogar como en el propio centro educativo. Además, se trabajará para que las decisiones de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno, garantizando en todo caso los derechos de la infancia.
La Ley se articula, asimismo, desde los principios del derecho a la educación inclusiva, identificando y valorando las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales para dar la respuesta más adecuada a las mismas, y desarrollando un plan para que los centros ordinarios cuenta con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Hasta 2030,
garantizar la protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia a través del despliegue de las disposiciones contenidas en la nueva Ley Orgánica y del desarrollo de otros marcos estratégicos.
desarrollar las disposiciones del nuevo ordenamiento legal en materia de educación, con el fin de incrementar las oportunidades educativas y formativas de todo el alumnado, teniendo especialmente en cuenta a los grupos de población más desfavorecidos (población de origen inmigrante o de etnia gitana), contribuyendo a la mejora de los resultados educativos y asegurando una educación inclusiva y de calidad con equidad.
compensar los efectos de las desigualdades de origen -económica, social, cultural y territorial- en la educación, a través de la ampliación y reforma de los programas de becas y ayudas al estudio, la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, promoviendo la convivencia escolar, y la articulación de programas de orientación y refuerzo escolar en educación primaria y secundaria para prevenir el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación y formación.
desarrollar un nuevo modelo curricular por competencias clave priorizando los aprendizajes esenciales, y la regulación de una ordenación académica inclusiva, que asimismo garantice la atención a las necesidades educativas especiales de niños, niñas y adolescentes, para posibilitar un sistema educativo plenamente inclusivo.
promover una reforma en profundidad de la profesión docente, que incluya la formación inicial, el acceso a la función pública y la carrera profesional, incluida la formación permanente.
promover que en la formación permanente del profesorado se contemple la educación inclusiva, la atención a la diversidad, así como la formación específica en materia de igualdad, de acoso y malos tratos en el ámbito de los centros docentes.
garantizar el derecho de las niñas y niños a disponer de una plaza accesible, asequible, inclusiva y de alta calidad en el primer ciclo de educación infantil, priorizando el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales.
Sin dejar este enfoque, la educación universitaria debe responder a las demandas formativas de una sociedad en continua transformación, ante los impactos evidentes de la globalización, de la disrupción tecnológica, y desde los desafíos y oportunidades que presentan la transición social y ecológica, preparando con calidad a los futuros profesionales, al mismo tiempo que forma ciudadanas y ciudadanos desde los valores democráticos.
La universidad, en este sentido, puede y debe contribuir decisivamente a la transformación colectiva del modelo económico y social actual, a través de la formación de los y las futuras profesionales, así como generando y transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural. Desde ese objetivo, resulta necesario impulsar una reforma normativa que articule una transformación profunda de las estructuras universitarias, sus formas de gobernanza, de los elementos esenciales del armazón de la docencia y la investigación, de los mecanismos de interacción con los diversos sectores y agentes económicos y sociales, de las vías de internacionalización, o de su modelo de financiación. Una reforma diseñada a través de una amplia participación de las comunidades universitarias, la sociedad y las Administraciones, que, asimismo, aborde el fortalecimiento de las plantillas de personal docente e investigador, así como del personal de administración y servicios.
De forma estrechamente relacionada, es necesario abordar la reforma de la ordenación de las enseñanzas universitarias, que arbitre las condiciones para disponer de una oferta de títulos oficiales de grado, máster y doctorado de calidad, basados en metodologías flexibles de enseñanza-aprendizaje y en el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación, desde una aproximación inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía.
Además, es necesario el establecimiento de un Estatuto del Personal Docente Investigador, para posibilitar una carrera de profesorado transparente, basada en el mérito y la capacidad que, con recursos suficientes, contribuya al relevo generacional, a combatir la precariedad laboral, a atraer y/o retener talento nacional e internacional, así como a fortalecer los equipos docentes y de investigación de las distintas universidades.
Por lo tanto resumiendo para los próximos años se plantea:
Extensión del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) tendiendo a su gratuidad y priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización
Programa Educa en Digital apoya la transformación digital de la educación en España dotando a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad.
Programa “Vacaciones Escolares, continuar aprendiendo” (VECA) está dirigido a prevenir las situaciones de carencia y exclusión social que se originan en el periodo de vacaciones estivales entre las familias más desfavorecidas para garantizar los derechos a la alimentación, ocio y cultura de los menores.
Dotación a partir del año 2022 de los recursos necesarios en los centros ordinarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad en el plazo de diez años (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo).
Ordenación e integración de la Formación Profesional que contendrá la regulación de la ordenación básica de la formación profesional del sistema educativo y para el empleo.
Regulación de la formación profesional dual entendida como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, a través de la combinación de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación.
Plan de Modernización de la Formación Profesional (FP) que pretende garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y la permanencia de la población en el mercado laboral.
Dentro del proceso continuo de actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, se establecerán nuevas cualificaciones o se modificarán las ya existentes con el objetivo de adaptarlas a las nuevas necesidades de los sectores productivos y de prestación de servicios.
Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales e informales de formación (Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo que modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio) de este modo se establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales e informales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias.
Estatuto del Personal Docente Investigador que posibilitará una carrera de profesorado transparente, basada en el mérito y la capacidad.
Impulso de la coeducación en todas las etapas educativas, a través de las disposiciones previstas en la LOMLOE, normativa que adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que tiene como finalidad prevenir y proteger a niños, niñas y adolescentes ante cualquier situación de violencia, fomentando la sensibilización ciudadana que genere actuaciones de rechazo y una activa implicación del conjunto de la sociedad en su prevención, detección y denuncia
5.4.- INDICADORES DE LOGRO E INFORMES DE PROGRESO
En el SEIE del Ministerio de Educación, firmemente vinculado con la estrategia europea para 2030, la información se divide en tres bloques principales de indicadores: en primer lugar, los relacionados con la Escolarización y el entorno educativo, en segundo aquellos que facilitan información sobre la Financiación educativa y, por último, el bloque relacionado con los Resultados educativos. En total, 21 indicadores, divididos la mayoría en varios subindicadores. La elaboración de este Informe se realiza conjuntamente desde la Subdirección General de Estadística y Estudios y desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
5.4.1.- Tasas de escolarización en Educación Infantil (objetuvo europeo)
En Educación Infantil son más elevadas las tasas asociadas a las edades del segundo ciclo, entre el 96,1 % a los 3 años y el 98,1 % a los 5 años, que las del primer ciclo, entre un 12,4 % con menos de un año y un 61,4 % a los 2 años. En Castilla - La Mancha, la tasa de escolarización de alumnos menores de un año es del 9,8%, al año es del 36,5% y a los dos años del 55,8%. En el caso de alumnos menores de un año, hay algo menos de tres puntos de diferencia con respecto a la media y se sitúa como la Comunidad 7 entre las 17 del Estado español. En el caso de los alumnos de un año se sitúa igualmente en el puesto ordinal número 7 y a más de cinco puntos de diferencia con respecto a la media. Con respecto al alumnado de dos años se sitúa en el puesto 8 con una diferencia superior a los cinco puntos con respecto a la media.
Entre 2008-09 y 2018-19 se ha producido un incremento importante de las tasas netas de escolarización del primer ciclo de Educación Infantil. La tasa de escolarización se ha incrementado 5,7 puntos porcentuales para los menores de un año de edad, 17,4 puntos para un año y 20,0 puntos para dos años, situándose dichas tasas en el curso 2018-19 en 12,4 %, 41,9 % y 61,4 %, respectivamente para las tres edades citadas.
En el segundo ciclo de Educación Infantil la escolarización es prácticamente plena, superando las tasas el 96,0 % durante todo el periodo analizado, y respondiendo muchas veces las ligeras variaciones a los pequeños desajustes que puedan existir entre la evolución real de la población y las estimaciones que se utilizan.
En comparación internacional, en 2018-19 España continúa entre los países de la Unión Europea con tasas de escolarización para los tres y cuatro años que se pueden considerar plenas. A los 3 años, las tasas más altas se dan en Francia, Irlanda, Bélgica, Dinamarca y España y las más bajas corresponden a Grecia, República Eslovaca y Luxemburgo. A los 4 años se incrementa significativamente la tasa de escolarización en bastantes países donde a los 3 años todavía queda un porcentaje importante por escolarizar, continuando por debajo del 72 % Grecia, República Eslovaca, Croacia y Bulgaria.
5.4.2.- Tasas escolarización edades postobligatorias
Por otra parte, las tasas de escolarización a los 16 y 17 años, edades teóricas de Educación Secundaria postobligatoria, son 95,9 % y 90,1 %, respectivamente. En 2018-19 está escolarizada el 95,8 % de la población de 16 años (94,2% Castilla - La Mancha), el 89,9 % de 17 años (87,5% Castilla - La Mancha), el 79,4 % de 18 años (62,6% Castilla - La Mancha) y el 71,6 % de 19 años (52,7% Castilla - La Mancha).
Entre los 16 y los 17 años aumenta la escolarización en Educación Secundaria no obligatoria del 68,5 % al 79,4 % (en Castilla - La Mancha del 63,4% al 74,2%), descendiendo a los 18 años al 34,1 % (en Castilla - La Mancha 32,9%) y a los 19 años al 19,0 % (Castilla - La Mancha 19,7%), pero con porcentajes importantes de población que ya cursa Educación Superior de 40,6 % a los 18 años (21,1% en Castilla - La Mancha) y 49,7 % a los 19 años (27,1% en Castilla - La Mancha).
El 26,9 % de la población de 16 años continúa escolarizada en Educación Obligatoria (en Castilla - La Mancha el 30,3%) y, como ya se ha indicado, el 68,5 % en Educación Secundaria postobligatoria; comienza a aparecer un porcentaje muy reducido de escolarización en Educación de Adultos, 0,5 %. A los 17 años se reduce el porcentaje correspondiente a la Educación Obligatoria al 8,8 % (en Castilla - La Mancha 11,6%), incrementándose la población ya escolarizada en la etapa posterior de Educación Secundaria postobligatoria hasta el 79,4 % y en Educación de Adultos hasta el 1,5 % (1,6% en Castilla - La Mancha).
A los 18 años un 34,1 % de la población se encuentra en Educación Secundaria postobligatoria (en Castilla - La Mancha 32,9%), quedando un residual 1,2% en la enseñanza secundaria obligatoria (en Castilla - La Mancha 1,7%) y ya han accedido a Educación Superior un 40,6 %, 33,0 % a Educación Universitaria y 7,6 % a Educación Superior no universitaria, mientras que a Educación de Adultos corresponde un un 3,4 %, respectivamente.
A los 19 años aumentan los porcentajes de escolarización en Educación Superior, con 35,8 % en Educación Universitaria y 13,9 % en Educación Superior no universitaria, y disminuyen los porcentajes correspondientes a Educación Secundaria postobligatoria, 19,0 %, a Educación Secundaria Obligatoria, 0,5 %, y a Educación de Adultos, 2,4 %.
Por comunidades autónomas, a los 16 años destaca que el 81,0 % de la población de Comunidad Foral de Navarra ya cursa Educación Secundaria postobligatoria, seguida de País Vasco (79,2 %), Cataluña (75,2 %) y Galicia (71,7 %). A los 17 años Comunidad Foral de Navarra presenta el mayor nivel de escolarización (97,1 %), seguida de País Vasco (96,6 %), además teniendo ambas comunidades los mayores porcentajes de población cursando Educación Secundaria postobligatoria, 90,3 % y 91,7 % respectivamente.
A los 18 y 19 años las tasas más altas corresponden a Comunidad de Madrid, seguida de País Vasco y Castilla y León, y ya con porcentajes muy altos de escolarización en Educación Universitaria. En el caso de Comunidad de Madrid, con los valores más altos, representan el 51,1 % a los 18 años y el 55,9 % a los 19 años.
En los países de la Unión Europea, en 2018-19, la tasa neta de escolarización a los 16 años en varios países es del 100 % o muy próxima a esta cantidad, pudiendo citar entre ellos a Irlanda, Lituania, Portugal, Países Bajos y Suecia. En algunos de estos casos la escolarización obligatoria se extiende hasta alcanzar los 18 años, como, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, existen 3 países donde a los 16 años de edad la escolarización está por debajo del 90 %. España (95,9 %) se encuentra por encima de la media UE (95,5 %).
La tasa de escolarización a los 17 años sigue siendo muy alta en la UE (92,7 %), situándose once países con una escolarización por encima del 95 %, aunque tres países ya están por debajo del 85 %. España, 90,1 %, aparece ligeramente por debajo de la media europea.
5.4.3.- Matrícula por titularidad de centros
En el curso 2018-19, en todas las etapas la mayor parte del alumnado está escolarizado en centros públicos. Así, asisten a estos centros el 51,2 % del alumnado de primer ciclo de E. Infantil y el 67,3 % de segundo ciclo, el 67,7 % de E. Primaria, el 65,8 % en E. Secundaria Obligatoria, el 73,4 % en E. Secundaria postobligatoria, el 70,7 % en E. Superior no universitaria y el 78,7 % en E. Universitaria.
Los mayores porcentajes de escolarización en enseñanza privada concertada se observan en 2.º Ciclo de E. Infantil, 28,9 %, E. Primaria, 28,4 % y ESO, 30,2 %; en E. Secundaria postobligatoria y E. Superior no Universitaria los porcentajes son del 14,9 % y 11,3 %, respectivamente.
La enseñanza privada no concertada presenta porcentajes en torno al 4 % en 2.º ciclo de E. Infantil y en las etapas obligatorias; 11,8 % en E. Secundaria segunda etapa; 18,0 % en E. Superior no Universitaria; y 21,3 % en E. Universitaria, incluyendo el alumnado matriculado en universidades privadas y centros privados adscritos a universidades públicas.
Entre las comunidades destacan por sus elevados porcentajes de alumnado en centros públicos en las etapas obligatorias, Melilla, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y Andalucía. En las etapas postobligatorias no universitarias aumentan los porcentajes de enseñanza pública y se mantiene el grupo de las comunidades más destacadas, aunque se les unen Canarias y Galicia y Andalucía baja algunas posiciones.
En la enseñanza privada no concertada, los mayores porcentajes corresponden a Comunidad de Madrid, en todas las enseñanzas no universitarias, y a La Rioja, en la Educación Universitaria, debido al peso de su universidad privada no presencial.
Desde 2009-10 hasta 2018-19, en la distribución del alumnado según el modelo de financiación, en la que en general existe bastante estabilidad, destaca el aumento del peso de los centros públicos en E. Infantil primer ciclo que ha pasado del 49,6 % al 51,2 %, superando al peso de los centros privados, y, en mayor medida, destaca el aumento de la enseñanza privada no concertada en la E. Superior no Universitaria, Ciclos formativos de FP de Grado Superior, pasando del 5,7 % al 18,0 %, así como el incremento en la E. Universitaria del porcentaje de alumnado de centros privados que ha aumentado de 14,2 % al 21,3 % en 7,1 puntos.
5.4.5.- Esperanza de vida educativa
En el curso 2018-19, la esperanza de vida en educación en España de un alumno de cinco años de edad es de 18,7 años, aumentando respecto al curso 2013-14 en 0,2 años. Las comunidades autónomas con los valores más altos son La Rioja (24,9), Comunidad de Madrid (20,2), País Vasco y Castilla y León (ambas con 19,8).
Prácticamente en todas las comunidades autónomas, el número de años esperados en educación y formación desde los cinco años ha aumentado desde el curso 2013-14, correspondiendo a La Rioja el mayor aumento, 3,7 años, aunque se ha de tener en cuenta el peso de su oferta universitaria no presencial. En Castilla - La Mancha la esperanza de vida educativa es de 17,1 (-0,1 respecto de 2013), por tanto 1,6% inferior a la media.
Las mujeres tienen una mayor esperanza de permanecer en el sistema educativo y formativo que los hombres. Así, en 2018-19, la mujer tiene una esperanza de vida escolar de 19,2 años, frente a los 18,3 años del hombre. La diferencia entre mujeres y hombres en el curso 2018-19 ha aumentado ligeramente respecto a 2013-14, pasando de 0,6 a 1,0 años.
En la comparación internacional se considera el número de años esperados en educación desde los 5 a los 39 años. En el curso 2018-19, los países con mayor número esperado de años de escolarización son Suecia y Finlandia (21), seguidos por Grecia y Dinamarca (20), Letonia, Irlanda, Alemania y Bélgica con 19. A continuación se sitúa España con 18 años, junto con otros cuatro países, entre los que está Portugal. Con 17 años hay siete países, entre ellos, Francia e Italia, y con 16 años aparecen tres. El valor menor aparece en Luxemburgo (15).
El número de años esperados está influido en gran parte por el nivel de escolarización alcanzado en las edades postobligatorias.
5.4.6.- Tasa matrícula alumnado extranjero
Por nivel educativo, el mayor porcentaje de alumnado extranjero aparece en E. Primaria (incluida la E. Especial), 10,5 %, seguida de E. Infantil, 9,1 %, y E. Secundaria Obligatoria, con 8,9 %. Entre las comunidades con mayor porcentaje de alumnado extranjero en casi todas las etapas educativas se encuentran Illes Balears, Cataluña y La Rioja.
En Educación Infantil presentan una mayor proporción de alumnado extranjero la ciudad autónoma de Melilla (14,9 %), Illes Balears (14,6 %), Cataluña (14,6 %) y La Rioja (14,2 %), y, por el contrario, las comunidades que tienen una menor proporción en esta etapa son Principado de Asturias (3,4 %), Extremadura (2,6 %) y Galicia (2,0 %).
En cuanto a la Educación Primaria (incluida Educación Especial), se puede observar que Illes Balears y la ciudad autónoma de Melilla encabezan la lista de mayor proporción de alumnado extranjero en esta etapa con un 16,9 % y 16,4%, respectivamente (en Castilla - La Mancha 5,9%). Los menores porcentajes se dan en Principado de Asturias (3,8 %), Extremadura (3,3 %) y Galicia (2,9 %).
En Educación Secundaria Obligatoria las comunidades con el mayor porcentaje de alumnado extranjero son Illes Balears (14,0 %), Aragón (12,3 %), Cataluña (12,2 %) y La Rioja (12,0 %), en Castilla - La Mancha 6,2%. La menor concentración se produce en Galicia (3,5 %), Ceuta (3,3 %) y Extremadura (3,0 %).
En Educación Secundaria postobligatoria y Superior no universitaria, Cataluña (11,3 %), La Rioja (10,2 %) y Aragón (10,1 %) presentan las mayores proporciones de alumnado extranjero. Los menores porcentajes se dan en Galicia (3,2 %) y Extremadura (2,3 %). Entre 2017-18 y 2018-19, el aumento del alumnado extranjero en España, ha sido del 5,9 %. Los mayores aumentos se producen en las ciudades autónomas de Ceuta (16,0 %), Melilla (12,1 %), Galicia (11,4 %), Cantabria (11,4 %) y Canarias (11,3 %); la comunidad que ha sufrido una disminución ha sido Castilla y León (-3,2 %).
Según el origen del alumnado extranjero en España en el curso 2018-19 destacan el alumnado de Marruecos, 191.256, que supone el 24,0 % del total, seguido del de Rumanía con 105.622 alumnos (13,3 %), del de China con 43.312 alumnos (5,4 %), del de Colombia con 26.784 alumnos (3,4 %) y del de Venezuela con 25.219 alumnos (3,2 %). A continuación, irían por este orden: ecuatorianos, italianos, bolivianos, británicos, búlgaros, ucranianos, franceses y hondureños, con menos de 25.000 alumnos y porcentajes entre el 3,1 % y el 1,9 %.
5.4.7.- Escolarización de alumnado en Formación postobligatoria
En el curso 2018-19 la tasa bruta de población que accede a Ciclos Formativos de FP Básica, a partir de los 15 años de edad, es de 8,4 %. La tasa de acceso a FP Básica es para los hombres (11,5 %) más del doble que para las mujeres (5,1 %).
Para Ciclos Formativos de Grado Medio la tasa bruta de acceso es 33,9 %, mientras para Bachillerato es 63,5 %, enseñanzas a las que se accede tras conseguir el título de Graduado en ESO. En Grado Medio, la tasa más alta es en hombres (38,5 %) que en las mujeres (29,0 %), la tasa de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, que decreció en 2015-16, 2016-17 y 2017-18 tras un crecimiento continuado previo, aumenta ligeramente en 2018-19 (1,6 p.p.), mientras que el acceso al Bachillerato se mantiene con un ligero descenso (-0,5 p.p.).
La tasa de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior es del 34,2 %, el cual se produce tras finalizar los estudios secundarios postobligatorios, con un 34,5 % los hombres y 33,9 % las mujeres. En Ciclos Formativos de Grado Superior se produce un ligero aumento (0,4 p.p.) tras el fuerte descenso del curso anterior.
En el curso 2018-19, la tasa bruta de titulación en FP Básica es del 4,1 % (Castilla - La Mancha 5,8%), en Grado Medio del 23,3 % (Castilla - La Mancha 21,5%) y del 29,2 % en Grado Superior (Castilla - La Mancha 21,7%).
Por sexo, en FP Básica es mucho mayor en los hombres, 5,5 %, que en las mujeres, 2,5 %. En el Grado Medio también es más alta en los hombres, 24,1 %, que en las mujeres, 22,4 %, mientras que en Grado Superior la situación se invierte, 30,3 % para las mujeres y 28,2 % para los hombres. Por su parte en la FP Básica las tasas más altas corresponden a La Rioja (10,7 %) y País Vasco (7,1 %) y las más bajas a Principado de Asturias (2,3 %) y Comunidad de Madrid (3,0 %).
Analizando las tasas brutas de titulación por comunidad autónoma, se observa que en Grado Medio las más altas corresponden a Cantabria (29,8 %), Galicia (28,2 %) y Cataluña (27,5 %) y en Grado Superior a País Vasco (41,9 %), seguida de Cantabria (38,2 %) y Galicia (35,3 %). Las menores tasas en Grado Medio corresponden a Melilla (16,3 %) y Comunidad de Madrid (16,9 %) y en Grado Superior a Illes Balears (16,2 %) y Ceuta (21,2 %).
5.4.8.- Participación en actividades formativas (objetivo europeo)
En 2020, en España el 11,0 % de la población de 25 a 64 años participó en alguna actividad de formación en las cuatro semanas previas, siendo la participación de las mujeres superior a la de los hombres en dos puntos, 12,0 % y 9,9 % respectivamente. Con respecto al año anterior, el porcentaje se incrementa en 0,4 puntos porcentuales (0,4 para los hombres, y 0,3 para las mujeres). Los mayores porcentajes de participación se producen en Comunidad Foral de Navarra (13,6 %), País Vasco (13,1 %) y Región de Murcia (12,8 %). Los menores porcentajes se observan en la ciudad autónoma de Ceuta (9,0 %), Castilla-La Mancha (9,1 %) y Andalucía (9,6 %).
Prácticamente en todas las comunidades autónomas es mayor la participación de las mujeres que la de los hombres, alcanzando las máximas diferencias en Comunidad Foral de Navarra (5,3 p.p.), Aragón (4,3 p.p.) y La Rioja (4,2 p.p.).
Si se tiene en cuenta el nivel educativo alcanzado por las personas que participan en la formación, se aprecia que la participación se incrementa según aumenta su nivel educativo; así, la participación de los titulados en E. Superior es del 18,2% y se reduce al 3,5 % para la población con nivel de primera etapa de E. Secundaria e inferior.
En 2020, en la Unión Europea, el 9,2 % de la población entre 25 y 64 años ha participado en actividades de formación, no alcanzándose el porcentaje del 15 % propuesto como objetivo para 2020. Se observa una situación muy dispar en los datos de los diferentes países, destacando la participación más alta en los países nórdicos, Suecia (28,6 %), Finlandia (27,3%) y, a cierta distancia, Dinamarca (20,0%). En el extremo opuesto, por debajo del 3%, se sitúan Rumanía (1,0 %.), Bulgaria (1,6 %;) y República Eslovaca (2,8 %), mientras que España se sitúa dentro del grupo de países que se sitúan por encima de la media. Con respecto al año 2019 se produce un descenso generalizado en todos los países, a excepción de España (+0.4 p.p.), Lituania y Grecia (+0.2 p.p. en ambos casos).
